Para acabar con la corrupción se debería hacer lo que muchos expertos llevan años propugnando para la droga y la prostitución, es decir, legalizarla, regularla por ley; e incluso crear una titulación universitaria con distintos grados de especialización: diplomatura, licenciatura, máster en algún paraíso fiscal de reconocido prestigio, y doctorado, para cuyo reconocimiento sería preciso leer la correspondiente tesis ante un tribunal debidamente cualificado y con experiencia demostrable. También se podría instaurar un módulo de Formación Profesional válido para operaciones de poca monta, por ejemplo, inferiores al millón de euros, para mayor agilidad en los trámites, así como un turno de Corruptores de Oficio para clientes sin recursos y una Corruptela de Guardia, con servicio las veinticuatro horas, para los casos de urgencia. Y que los pertinentes diplomas lucieran enmarcados en los despachos de los profesionales, junto a la orla de la promoción universitaria.
Ni que decir tiene que sería muy difícil obtener en la Selectividad la nota necesaria para estudiar Ciencias de la Corrupción y Dominio del Soborno, ya que se iba a convertir en la carrera de moda, como hace unos años Ingeniería de Telecomunicación o Ingeniería Informática, y que los estudios en sí serían duros, con asignaturas tales como Cohecho, Tráfico de Influencias, Evasión de Capitales, Falsificación de Documentos, conocimientos todos ellos imprescindibles para llegar a ser un profesional de primer orden. Sería necesario, obviamente, superar una durísima oposición para entrar en el Cuerpo de Corruptos y Corruptores del Estado, pero una vez obtenida plaza, tendrían el futuro asegurado, como los notarios o lo registradores de la propiedad. Lógicamente empezarían por plazas de escasa relevancia, pero así acumularían méritos y antigüedad para optar a otras realmente productivas, tales como Galicia, Marbella, Baleares, Valencia, Cataluña o, por supuesto, Madrid.
Sería la forma de acabar con el indeseable intrusismo, que tira los precios y tanto daño hace a una honorable actividad que en España goza de gran tradición por su nivel de excelencia, internacionalmente reconocido.
Nada de secretismo, sobres bajo cuerda ni recibos sin I.V.A. Luz y taquífrafos, por favor. A partir de que fuera una actividad legal, todas las operaciones deberían facturarse con I.V.A. y la correspondiente retención de I.R.P.F, fecha, firma y sello contrastado. Facturas que deberían aportarse a la declaración de la renta para así disfrutar de las ventajas fiscales a que dieran lugar.
Yo dejo la idea, para quien corresponda. O quizá pudiéramos promover una iniciativa popular con recogida de firmas para su trámite parlamentario.
